La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, impuestas a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez.
Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue
terminado.
La Fiscalía investiga a Caicedo Omar, porque durante su gestión como alcalde de la ciudad (2012 – 2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones.
Los bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio están representados en dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad, Atlántico; dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta.
Las propiedades, que figuran a nombre de los exalcaldes y terceros, serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del Covid – 19.