El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, realizó una visita humanitaria al corregimiento Makumake-Rioseco, de Valledupar, en el Cesar, para verificar la situación del pueblo indígena Kankuamo debido a los riesgos que sufren ante la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en sus territorios.
Los voceros y líderes indígenas se reunieron con el Defensor del Pueblo y le manifestaron que continúan las afectaciones en derechos humanos, los cuales ya han sido advertidos por la Entidad a través de la Alerta Temprana 026 de 2021, en la que se especifica cómo en el Resguardo Indígena Kankuamo se han presentado amenazas, circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales e incluso la misma incineración de kankurwas (centros ceremoniales).
También describe el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que han ocurrido patrullajes por parte de hombres que a veces son vistos vestidos completamente de negro y en otras ocasiones portando prendas de uso restringido y que portan armas cortas y largas.
Con la comunidad de Makumake-Ríoseco, Carlos Camargo escuchó la compleja situación que afrontan y se comprometió con el envío de requerimientos y reuniones con las autoridades civiles y de fuerza pública para que actúen de manera rápida y efectiva en su protección.
Sobre todo, por el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atanquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo Kankuamo, en jurisdicción de Valledupar.
Carlos Camargo le manifestó directamente al pueblo indígena kankuamo el respaldo para hacer seguimiento a las vulneraciones de las situaciones que habíamos advertido en la Alerta Temprana 026 de 2021, por cuenta de la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en estos territorios.
“Seguimos haciendo monitoreo a las recomendaciones para lograr la garantía de los derechos de este pueblo indígena y exhortamos a las autoridades a que revisen y acaten las recomendaciones que hemos hecho para lograr la garantías de los derechos de las comunidades”, aseguró.
Actualmente, resaltó el Defensor del Pueblo, “estamos en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de que se pueda reforzar el trabajo articulado de la institucionalidad del Estado antes los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas, que generan desplazamiento forzado en el departamento”.
“Con nuestros equipos de la Regional Cesar y de la Delegada para los Asuntos Étnicos seguiremos acompañando las preocupaciones de la comunidad en relación con los riesgos manifestados por la comunidad”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
En el departamento del Cesar hay al menos 45.403 víctimas de desplazamiento forzado. En 2021 y lo corrido del 2022 se han presentado desplazamientos individuales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.
Ahora bien, en las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN; el EPL, los Pelusos y las AGC-Clan del Golfo.
Por último, en todo el departamento la Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente la situación de riesgo a la que están expuestos los líderes sociales y de forma particular se observa con preocupación el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Precisamente, la Entidad rechazó ayer y pidió aclarar el crimen en contra del líder y reclamante de tierras José Luis Quiñones, quien fue asesinado en Tamalameque.
