La Fiscalía General de la Nación abrió indagación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá, algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio, Norte de Santander, Nariño y Meta, en el marco del paro promovido por los transportadores por el alza en el valor del ACPM.
La determinación, según la Fiscalía, obedece al riesgo que puedan representar estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones y utilizan a diario las vías y carreteras bloqueadas en su totalidad.
El ente acusador reconoció el derecho a la protesta pacífica e instó a los organizadores y participantes en estas jornadas a respetar los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, tales como las garantías a la integridad física, la vida, la salud y a la libre locomoción.
“El derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población”, señaló la Fiscalía.
Cerró explicando que “actuará en el marco de sus competencias constitucionales y legales en los eventos en los cuales las manifestaciones sociales pierdan su naturaleza pacífica y entren a revestir la característica de delitos”.
