El Tribunal Supremo de Justicia prohibió este lunes la entrada en vigor de una ley en Texas que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La legislación, conocida como SB4 y que debía entrar en vigencia este lunes, fue demandada por el Gobierno del presidente Joe Biden. En respuesta, el juez Samuel Alito puso en pausa indefinidamente la entrada en vigor de la ley mientras el Supremo escucha los argumentos de las dos partes.
El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, inicialmente debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley.
Alito ya había puesto un alto a la ley en dos ocasiones pero hoy puso un bloqueo indefinido mientras se evalúa el caso. La ley convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
El republicano Paxton ha advertido en varias ocasiones que seguirá defendiendo la medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott como parte de su estrategia de seguridad para la frontera. Por su parte, los demandantes han advertido que la ley “conducirá a la discriminación racial” en todo el estado, en especial contra los hispanos.
