La Defensoría del Pueblo considera determinante el compromiso de todas las fuerzas de seguridad del Estado, para que sean salvaguardadas las comunidades del accionar de los grupos armados ilegales y las estructuras del crimen organizado.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que la fuerza pública redoble esfuerzos en su propósito y deber de cumplir con el mandato constitucional de proteger a las comunidades en todas las regiones de la geografía colombiana.
La entidad instó a contener los episodios de violencia que vienen afectando a la población, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, subregión del país donde delinquen varios grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado.
Hace dos meses, la institución que trabaja por los derechos de los colombianos emitió la Alerta Temprana 036 del 2023, documento de prevención y advertencia sobre los riesgos a los que están expuestos los moradores de 14 municipios de esa amplia zona entre los límites del Cauca y Valle.
En consecuencia, un punto importante a tener en cuenta es el trabajo articulado de las instituciones nacionales, departamentales y locales con las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía y las Fuerzas Militares, razón por la que deben ser atendidas las recomendaciones formuladas en la Alerta.
Esta alerta, evidencia el alto riesgo para las comunidades de Jamundí y Dagua (Valle del Cauca) y Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jambaló y Caldono (Cauca). Con los hechos de violencia recientemente sucedidos, el temor de los pobladores y el riesgo para su integridad y vida aumentan.
La Defensoría del Pueblo valora los esfuerzos de paz emprendidos por el Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, no obstante, espera la implementación efectiva de medidas preventivas indicadas en la Alerta para los municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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