La Defensoría del Pueblo les solicita a todas las entidades del Estado trabajar conjuntamente en la eliminación de barreras a las que se enfrentan las juventudes cuando manifiestan su firme intención de participar en los procesos democráticos.
“Hoy los jóvenes siguen encontrando barreras de acceso para su plena participación con garantías. Por más de un año escuchamos las voces de las juventudes en encuentros presenciales realizados en diferentes territorios del país, realizamos una encuesta a más de 300 jóvenes consejeros y consejeras de juventud y solicitamos información a diferentes instituciones del orden nacional, con el fin de tener un documento que muestre el panorama actual sobre el ejercicio de participación”, aseguró Camargo, Defensor del Pueblo.
Dejó claro que el informe defensorial hace un análisis sobre el derecho a la participación en conexidad con otros derechos priorizados frente a la vulneración de los derechos a la vida, educación, trabajo y salud de las y los jóvenes.
En el documento también se establece que la cobertura de educación media, a nivel país, no llega al 50% y que el 40,9% de las y los jóvenes pertenecen al estrato socioeconómico uno.
Ortega, también señaló que es deber del Estado promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos: “No es posible que tan solo 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia, es decir, el 6,7%, cuenten con una política pública de juventudes y que de ese reducido porcentaje no todos tengan planes de acción o indicadores. Una política pública sin indicadores de seguimiento y sin presupuesto no es más que una declaración de intenciones”.