El aumento de homicidios selectivos y colectivos, amenazas, extorsiones a la comunidad y comerciantes son tan solo algunas de las vulneraciones de las cuales son víctimas las comunidades de Riohacha y Dibulla, en La Guajira, que la Defensoría del Pueblo advierte en su Alerta Temprana de Inminencia 025-2023.
Esas acciones violentas contra las comunidades están relacionadas principalmente con la disputa por el control territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo). Este último grupo armado pretende ingresar al territorio dominado por años por las ACSN y controlar negocios ilegales, rutas de narcotráfico y otras formas ilícitas de financiación.
Los territorios generadores de confrontaciones armadas son la capital del departamento, el municipio de Dibulla y la Troncal Caribe, en el tramo que conecta a esas dos poblaciones.
Datos recolectados por la Defensoría del Pueblo muestran que, desde el 14 de febrero de este año, en Riohacha y Dibulla fueron asesinadas 17 personas, la mayoría por ataques sicariales. Las muertes se presentaron, en gran parte, contra jóvenes; en algunos casos fueron señalados de ser informantes del bando opositor. A este número se suman tres masacres, en las que fueron encontrados diez cuerpos.
“En la Alerta Temprana de Inminencia también revelamos que existen extorsiones a docentes, a quienes les exigen el pago de un porcentaje para permitirles continuar con sus labores. También se evidencian cobros de dinero por la venta de inmuebles, extorsiones a finqueros, ganaderos, comerciantes, hoteleros o empresarios del sector turístico”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En algunos corregimientos de Dibulla, los grupos armados ilegales han realizado citaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos para imponer ‘normas de conducta’ y ‘pago de impuestos’ a cambio de brindarles una supuesta seguridad.
La Defensoría del Pueblo también encontró que los grupos armados ilegales están generando terror no solo por la manera como cometen los homicidios, en algunos casos con sevicia, sino también por los métodos de amenazas, como la entrega de panfletos, con los que advierten las consecuencias si las personas apoyan al bando contrario.
“Es oportuno que el presidente Gustavo Petro esté en La Guajira atendiendo las necesidades de la comunidad. También es oportuno el llamado que hacemos desde la Defensoría del Pueblo: en las agendas del Gobierno Nacional y de las autoridades locales deben ser atendidos los riesgos contra la población civil que hemos evidenciado en la Alerta Temprana de Inminencia y atendidas las 21 recomendaciones formuladas”, subrayó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a emprender acciones preventivas que permitan mitigar los riesgos y garantizar y proteger los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, recalcando que la Alerta Temprana tiene un carácter eminentemente preventivo.
