La Procuraduría General de la Nación requirió a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, adelantar las acciones necesarias para garantizar el buen estado de las instalaciones físicas de varias instituciones educativas del departamento, que en algunos casos presentan riesgo de caída de una parte de sus estructuras.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira hizo el requerimiento tras las protestas de padres de familia, estudiantes, docentes y de la comunidad en general que reclaman condiciones dignas para que los alumnos cuenten con espacios adecuados para sus clases.
El Ministerio Público también solicitó acciones por parte de la administración departamental para solucionar otras deficiencias que presentan las instituciones, relacionadas con falta de personal docente y carencia de los servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar, agua potable, instalaciones sanitarias y pupitres suficientes para los alumnos.
Los colegios públicos que presentan algunas de estas falencias son las Instituciones Educativas Margoth Maestre de Ariza, María Inmaculada y Gladys Bonilla, del municipio de Distracción; Técnica Agropecuaria Ismael Rodríguez Fuentes, de El Molino; Roig y Villalba, de Fonseca, y Eusebio Septimio Mari, de Manaure.
El Ministerio Público recordó en la acción preventiva que la Corte Constitucional señaló que una educación adecuada se logra cuando los menores acceden al sistema educativo sin obstáculos y cuentan con todos los implementos necesarios para asistir a las clases.
El órgano de control puntualizó en su requerimiento que el Estado tiene la obligación de proteger, a través de sus entidades territoriales, la vida y la integridad física de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, “sin olvidarse de su obligación de asistirlos y protegerlos integralmente”.
