Fueron judicializadas seis personas con delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por omisión, acceso abusivo a sistema informático; revelación de secreto, peculado por uso y abuso de autoridad por omisión de denuncia.
El contundente material probatorio presentado por una fiscal delegada ante el Tribunal fue suficiente para judicializar a la fiscal seccional Martha Luz Valeta Herazo, el defensor público, Yahany Merlano Valeta y los policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Diana García Santos, Richard Fuentes Gómez, Ramón Espinosa Benavides y Fredy Arroyo Pastrana.
Estas personas en asocio de un abogado de la Defensoría Pública y varios trabajadores de la Policía Judicial del CTI de Sincé, vendrían aprovechando su condición de servidores públicos, para presuntamente exigir sumas de dinero a quienes se hallaban privados de la libertad en la Estación de Policía de Sincé, asimismo imprimían documentos y los entregaban al Defensor Público para que éste elaborara su estrategia defensiva y así cobrar gruesas sumas de dinero.