Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.

Se advierte que la USPEC, con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla, deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria. Además, el fallo que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC, iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de reclusión.

La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico, solicitar dentro de las actuaciones penales, el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la Covid-19. De acuerdo con la sentencia, la Alcaldía y la Gobernación deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, en la que, además, se deberán aplicar pruebas de manera permanente.

El Tribunal solicitó garantías a la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.