El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares de urgencia contra el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados para proteger los derechos colectivos de los colombianos, acogiendo la acción popular radicada por la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y sus integrantes devolver el anticipo del contrato por valor de $70.243.279.599,00.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, indicó que, ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial.

En la acción popular, el órgano de control solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

Entre los accionados están: Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, once empresas y una fundación.

La Procuraduría también solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.

También, establecer el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.