Luego que el municipio de Sincelejo liquidará dos contratos Covid, donde se habían detectado sobrecostos, y ajustaran los valores de los productos que conformaban los respectivos kits alimentarios, la Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal que se había abierto el pasado 5 de mayo contra el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, dos de sus funcionarios y contratistas de las firmas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS, y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.
Los sobreprecios se habían presentado en dos contratos suscritos con estas firmas para la entrega de 26.666 kits alimentarios a población vulnerable de la capital de Sucre, en el marco de las medidas tomadas por la pandemia del Covid-19.
Además, se había cuestionado la no entrega de algunos de los elementos que conformaban los kits.
El archivo del proceso de responsabilidad fiscal se determinó luego que la administración municipal, con posterioridad a que se hubiera abierto el mismo, procedió a liquidar estos contratos (003 de 2020 y 004 de 2020) y, además, entregó facturas que acreditaron la entrega completa de sal, fríjoles, lentejas y botellas de aceite que hacían parte de los kits.
De esta manera, las actuaciones de la CGR derivaron en un beneficio fiscal cercano a los $844.558.203,15.
Esta decisión de primera instancia, así como la del consecuente levantamiento de las medidas cautelares decretadas, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, será enviada hoy, para su revisión en grado de consulta, al Despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.
Mientras se produce esa decisión de segunda instancia, que será definitiva, sigue en firme la suspensión del alcalde de Sincelejo, decretada por el Contralor General, aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada.
En este caso, la CGR profirió lo que se llama un auto de archivo con beneficio, dado que como consecuencia de la gestión realizada por la entidad de control en el marco de sus competencias constitucionales y legales, con posterioridad a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, mediante liquidación unilateral de los contratos 003 y 004 de 2020, la administración municipal -dentro de sus competencias administrativas- decidió ajustar los valores de cada uno de los elementos que conformaban los kits contratados a los precios del DANE
