El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, destacó la transformación que hoy registra el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche como prestador de servicios con seguridad y oportunidad para los usuarios del departamento de Magdalena, tras más de dos años de intervención forzosa administrativa.
Durante un balance presentado este miércoles ante el personal de la institución asistencial, los usuarios, veedores y autoridades locales, se evidenció la recuperación integral de los indicadores administrativos, financieros y de prestación de servicios, con seguridad y oportunidad.
“El hospital aumentó la capacidad instalada, recuperó dos pisos que estaban abandonados, reabrió servicios que estaban cerrados, cuenta con la nómina al día y también cumple con el mantenimiento de los equipos biomédicos”, dijo el Superintendente, al valorar el compromiso de los trabajadores durante el proceso de transformación.
Asimismo, la institución asistencial habilitó en el quinto piso el servicio de hemodinamia; en el piso sexto se recuperó la alianza con la Universidad del Magdalena, que está al servicio de la formación e investigación; y en el piso octavo, los usuarios ahora cuentan con 31 nuevas camas UCI para adultos y 27 para hospitalización.
Por su parte, el agente especial interventor del hospital, Luis Óscar Galves, indicó que durante la emergencia sanitaria se pasó de 17 a 84 camas UCI, se reabrieron 89 servicios, se fortaleció el laboratorio clínico, y por primera vez, se pudo contar con un resonador magnético nuclear en una institución pública del departamento.
“La facturación mensual pasó de 3.800 millones de pesos en 2020 a 9.446 millones a la fecha, y el recaudo también tuvo un aumento considerable al pasar de 1.900 millones de pesos a 5.656 millones de pesos”, agregó.
Dentro de los retos inmediatos para el hospital Julio Méndez Barreneche se encuentra lograr la estabilidad financiera, recuperar la cartera pendiente con las entidades responsables del pago, incrementar la producción y venta de servicios, y continuar con las adecuaciones de infraestructura y dotación requeridas para seguir fortaleciendo la atención de los usuarios. Cabe recordar que cuando la institución asistencial fue intervenida el 11 de mayo de 2020, tenía 53 servicios cerrados, retrasos en el pago del personal, 79.000 millones de pesos en servicios prestados que no habían sido facturados, equipos sin mantenimiento y deteriorados y fallas en el proceso de esterilización, que generaban un riesgo para garantizar la prestación de los servicios.
