La exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) , no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.
La exfuncionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro fue imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionados con el caso de corrupción. Sandra Ortiz habría participado en la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, manifestó que “Sandra Liliana Ortiz creó riesgos, jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales, al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones de pesos, dinero recibido de los funcionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, derivados de la contratación ilícita de esa entidad, con destino al presidente del Senado de la República, Iván Name”.
En la tarde de este 29 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación iba a pedir cárcel para Sandra Ortiz y también iba a presentar las pruebas en contra de la exconsejera. Sin embargo, por fallas técnicas fue suspendida la audiencia y se aplazó para el próximo martes, 3 de diciembre de 2024.
