En debate de control político en la Plenaria del Senado, la Sociedad de Activos Especiales- SAE- recibió una andanada de críticas por su histórico mal manejo y los escasos resultados en la administración de los bienes incautados, por causa de la corrupción e incumplimiento de sus funciones.
Tanto los senadores protagonistas del debate, voceros de los partidos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el director de la SAE, Daniel Rojas; la directora general de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora; el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, coincidieron en las falencias de la SAE y en buscar herramientas para que se fortalezca dicha entidad, con el propósito de aportar al tema de tierras que permitan resarcir a las víctimas de la violencia y así lograr la Paz Total, planteada por el presidente de la República, Gustavo Petro.
El senador Antonio Correa del partido de la U, inició el debate destacando en cifras las irregularidades de dicha entidad. ”El engendro nació mal y ha resultado peor que la enfermedad”, afirmó en forma contundente al señalar que se ha guardado un silencio cómplice por más de ocho años”.
El senador Correa se refirió al número de bienes incautados. Dijo que “la información es incompleta, desactualizada, tampoco es confiable, lo que no permite un control”; por ello destacó que no es idónea. “Qué vamos a hacer desde el Congreso con la SAE”, se preguntó, al señalar que en materia de ventas no se rigen ni por avalúo catastral, ni comercial, “es un detrimento porque están vendiendo uno a uno de los bienes por debajo del avalúo”.
Retos para el cambio en la SAE
La senadora Isabel Cristina Zuleta (coalición Pacto Histórico), también citante del debate, dijo que es importante para el país saber lo que está recibiendo el nuevo director de la SAE, Daniel Rojas. De la misma manera cuestionó qué hizo el Congreso para que “este desastre no se consolidara. Es lamentable saber cómo se están dilapidando recursos que podrían beneficiar a las familias campesinas, familias pobres y hoy no sabemos ni siquiera el inventario, que no existe y no tenemos”.
“El objetivo de la SAE es que esos narcotraficantes no vuelvan a tener poder sobre esos bienes”, afirmó en forma contundente la senadora Zuleta al destacar que el propósito que debe tener la SAE es entregar esos bienes a las organizaciones populares. Insistió en que dichos recursos de las SAE tienen una destinación social.
Y agregó que para las víctimas del conflicto el espíritu de la Nueva SAE es la Paz Total. “no puede seguir financiando el crimen organizado con esas tierras. La SAE debe garantizar rentabilidad social, Activos para las organizaciones campesinas y la economía popular de las ciudades”.
De otra parte, la senadora Aida Avella (Coalición Pacto Histórico) dijo que la situación actual de la SAE es producto de lo que pasó con la Dirección de Estupefacientes. “Los bienes de la mafia fueron entregados a personas cercanas a políticos”, añadió.
Solo 12 jueces de extinción de dominio
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que los procesos de extinción de dominio son sumamente demorados. “Hay solo 12 jueces de extinción de dominio”, enfatizó al anunciar que el Gobierno del presidente Petro va a incrementar los jueces de extinción de dominio para adelantar lo más pronto posible dichos procesos.
Diagnóstico permite establecer retos
El director de la SAE, Daniel Rojas, estuvo de acuerdo con lo expresado por los senadores citantes al debate y dijo que en sus 25 días de estar al frente de la entidad se puede establecer que lo que ha sucedido es producto de una triste historia que causa indignación y no se debe repetir.
Rojas dijo que dicha entidad solo cuenta con 48 funcionarios, pero expresó que estaban todos comprometidos con la entidad. “Es la planta de personal el activo más valioso que administra la SAE”. Fue contundente en señalar que la orden expresa del presidente Gustavo Petro es levantar el inventario de los bienes incautados.
“No todo es queja. No todo es malo”, expresó Rojas al destacar que la SAE no tiene solo una misión de rentabilidad financiera, sino social. Por eso le pidió al Congreso que se vincule para lograr esos objetivos.
