A raíz del cese de actividades que están llevando a cabo las empresas transportadoras marítimas, dedicadas a llevar migrantes de Turbo y Necoclí, en Antioquia, a Acandí, en el departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo alerta sobre posibles represamientos de las personas susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional, cuyo fin es adentrarse en la selva del Darién, atravesarla y continuar su camino hacia Estados Unidos.
De continuar el cese de ese tipo de transporte, el cual fue iniciado como protesta contra operativos que adelantaron las autoridades el fin de semana anterior y en los que hubo capturas de personas que formarían parte de las empresas dedicadas al traslado de pasajeros, la situación se tornaría caótica, puesto que hay un flujo de 1000 a 2000 migrantes por día en la región del Urabá antioqueño.
“La situación podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Agrega que el posible represamiento de migrantes en esas dos localidades podría hacer entrar en crisis el servicio de salud, la recolección de residuos sólidos y el abastecimiento de alimentos —como sucedió tres años atrás—, problemática que afectaría tanto a las personas de distintas nacionalidades en tránsito como a los pobladores.
Ante la alerta de riesgo, recientemente fue realizada una sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión Migratoria en el municipio de Turbo. “En el espacio, nuestros funcionarios de la Regional Urabá-Darién solicitaron la activación inmediata de planes de contingencia. No podemos esperar a que haya un colapso que derive en la vulneración de los derechos fundamentales de quienes están en tránsito y de los moradores. Las medidas hay que implementarlas cuanto antes”, indica el Defensor del Pueblo.
“Exhortamos a las gobernaciones de Antioquia y Chocó a reactivar las Mesas de Gobernanza Migratorias para que apoyen a los municipios en complementariedad, subsidiariedad y concurrencia de la atención humanitaria”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo.
La Defensoría ha hecho labor misional en el territorio en reiteradas ocasiones, con el fin de llamar la atención de las autoridades. Su propósito ha consistido en que los gobiernos de turno —nacionales, departamentales y locales— pongan en marcha acciones que contribuyan a remediar el fenómeno de la migración, pues las personas en tránsito, de todas las edades, están permanentemente expuestas a todo tipo de peligros que ponen en riesgo su vida e integridad.
Finalmente, el Defensor hace un llamado al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, lidere la implementación de la política integral migratoria contemplada en la Ley 2136 del 2021 y oriente a las entidades territoriales en la gestión migratoria.
“La migración debe ser segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana, por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizar una gobernanza migratoria, de acuerdo con las obligaciones que ha adquirido en los tratados internacionales firmados y ratificados”, puntualizó Carlos Camargo.
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