Al dar inicio a las brigadas integrales de promoción y prevención de los derechos a la salud y la seguridad social del 2022, el Defensor de Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las entidades prestadoras de servicios de salud a cumplir con su propósito de garantizar los derechos de los usuarios.
“Resulta vergonzoso que para que los ciudadanos accedan a los servicios de salud, deban acudir a instancias como la tutela, a interponer diversas acciones judiciales o que deban acudir a la Defensoría del Pueblo para que se les garanticen sus derechos, cuando sabemos que están garantizados por la Constitución y la ley”, dijo el Defensor del Pueblo.
“El año pasado, desde nuestra Delegada de Salud, adelantamos varias de esas jornadas en diferentes regiones del país, gracias a lo cual se logró que el 90% de las quejas de los ciudadanos fueran resueltas. Sin embargo, lo ideal es que los ciudadanos no tengan que acudir a las acciones de tutela, ni a la intervención directa de la Defensoría del Pueblo para que se garantice el derecho fundamental a la salud”, recalcó Carlos Camargo.
Durante estas jornadas la Defensoría del Pueblo ha podido comprobar que las principales conductas vulneratorias son la negación o falta de oportunidad en procedimientos, cirugías, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas (en el 29% de los casos); seguido por la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas (24%), y la negación, falta de oportunidad o entrega parcial de medicamentos incluidos en el plan básico de salud (20%).
El Defensor del Pueblo le pidió a los entes territoriales ejercer las funciones y competencias que les otorga la ley para el debido cumplimiento que se les exige a las IPS y EPS en el nivel local, y diseñar e integrar todos los planes de gobierno municipal con el plan departamental de salud.
A las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud, Carlos Camargo les recordó la responsabilidad de: 1) asegurar una red prestadora de salud, suficiente y georreferenciada, de acuerdo con el domicilio de sus afiliados; 2) adoptar medidas conducentes para evitar la interrupción de tratamientos y rehabilitación de los pacientes, y 3) realizar auditoría de calidad y cumplimiento a su red prestadora de salud, entre otros.
Durante la primera brigada de este año, adelantada en Florencia, la Defensoría del Pueblo atendió las quejas de los usuarios de Caquetá, Huila y Putumayo, citando a las EPS de esos departamentos.
Además, a través de la Delegada para la Salud, se capacitaron y formaron 258 personas en mecanismos de protección de los derechos humanos con énfasis en salud y seguridad social y se desarrollaron reuniones de diálogo en colaboración armónica con los personeros, jueces, secretarios de salud y dirigencia sindical del magisterio para coordinar acciones de protección de los derechos.