Una grave situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, ELN y Clan del Golfo, que está generando alta deserción escolar e incremento en suicidios de jóvenes, encontró la comisión especial de la Procuraduría en Chocó.

De acuerdo con los reportes recibidos por parte de la Secretaría departamental de Educación, solo en 2022, 6019 estudiantes de todo el departamento desertaron de los colegios (más del 54% pertenecen a la zona del San Juan que es el epicentro de la actual crisis humanitaria). Las razones de deserción obedecen a que las familias fueron desplazadas o se encuentran confinadas en los municipios y en la mayoría de los casos por temor a ser reclutados durante su desplazamiento a escuelas y colegios.

Aunque no existe un registro exacto sobre menores reclutados en el departamento, según cifras entregadas por la Policía Regional, en lo corrido de 2023 se han recuperado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. El subregistro frente a este flagelo es considerable.

El asesor delegado por la Procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, Jefferson Mena, aseguró que “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado, es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”.

Alimentos que nunca llegaron
Durante reunión sostenida con las entidades encargadas de atender a los afectados, funcionarios de la Unidad para la Atención de Víctimas, UARIV, desestimaron la denuncia hecha por las comunidades sobre el hecho de nunca haber recibido los alimentos y otros artículos de primera necesidad que constituyen la ayuda humanitaria.

Sin embargo, contrastando esa información con la Defensoría del Pueblo y entidades de cooperación internacional presentes en los territorios, la Procuraduría pudo establecer que efectivamente que las ayudas de las que habla la UARIV nunca llegaron, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.

Aunque en las últimas horas se conoció la decisión del ELN de levantar el paro armado en la región y según reportes de la Policía departamental, ya hay normalidad en los cascos urbanos de estas poblaciones, la recomendación del Ministerio Público, tras reunirse con altos mandos militares es no bajar la guardia con las precauciones en zonas rurales mientras las unidades militares en terreno logran confirmar que es segura la movilidad de los ciudadanos por rios y carreteras.

Luego de escuchar a comunidades, alcaldes y personeros presentes, la Procuraduría pidió a las entidades del orden Nacional (Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas, ICBF, entre otras) así como a las fuerzas militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar la vida, alimentación, salud y libre movilidad entre otros derechos fundamentales de estas comunidades.

El asesor Mena aseguró que, con los resultados de esta visita a territorio se presentará un informe a la Procuradora Margarita Cabello Blanco, con el fin de que se evalúen las acciones preventivas y disciplinarias a que haya lugar frente a los incumplimientos de funcionarios responsables de proteger a estas comunidades.