220 mil millones de pesos es el detrimento económico que han dejado las irregularidades en la celebración de contratos para atender la emergencia del covid-19 en la Región Caribe. Lo que ha despertado la reacción negativa de algunos diputados, que rechazan los actos de corrupción y exigen que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.

La Fiscalía General de la Nación, verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social.

Peyi Paternina, Diputado de Sucre dijo que, “rechazamos tajantemente que en medio de esta crisis cualquier mandatario tenga algún acto de corrupción. Así que esperamos que la defensa de las autoridades que han salido implicadas pues demuestre lo contrario. Y sino les caga todo el peso de la ley”

Para algunos ciudadanos del departamento de Sucre, que los políticos estén investigados se convierte en una costumbre, según el Diputado Jairo Barona. “Bueno ya eso aquí en el departamento de Sucre se ha vuelto costumbre de que cualquier mandatario que llegue a los diferentes cargos, vengas las investigaciones y demás”.

El contralor Felipe Córdoba, aseguró que, en el departamento del Atlántico, al igual que la alcaldía de Barraquilla, se tomaron los correctivos para reenfocar los contratos cuando se encendieron las alarmas.