La creación de un fondo temporal de estabilización tarifaria es la solución que plantean los alcaldes del Caribe colombiano para disminuir las altas tarifas de energía que actualmente deben asumir las familias que habitan en la región. En carta enviada al Congreso de la República, y específicamente a la bancada Caribe, los mandatarios de las principales ciudades de la región solicitaron que sus propuestas fueran incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Los proponentes son los alcaldes de Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Cartagena. El alcalde Jaime Pumarejo Heins precisó que se busca que en el fondo “no tengan que ser invertidos más de 2 billones de pesos al año, es decir que estamos hablando de un proyecto que va a tener un costo entre 8 y 10 billones de pesos durante 5 años”, y que de esa manera pueda compensar las pérdidas técnicas y no técnicas que están por encima del promedio nacional, lo que llevaría a que el Caribe tuviera tarifas similares a las del resto del país.
Por su parte, Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, enfatizó en que la propuesta también plantea que “hoy los ciudadanos que viven en la subnormalidad, que son familias de menores ingresos, que hoy están viviendo -inclusive- en asentamientos irregulares, puedan tener unos paneles solares para cada una de esas viviendas o se logren hacer unas granjas solares para prestar ese servicio de energía directa”.
Asimismo, detalló que “ese 21 % que hoy impacta en la tarifa, que son pérdidas no técnicas, dejen de ser pagadas por los usuarios, como también la inversión que en su momento pagamos los colombianos que vivimos en la Costa Caribe, a través de Electricaribe, y nuevamente hoy estamos pagando por no ser bien invertidos”.
Especificaciones del fondo
De acuerdo con la misiva, el fondo deberá ser creado 3 meses a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el primer objetivo de este será la financiación por 5 años del déficit asociado al componente de pérdidas, expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. De este modo, los hogares del Caribe no deberán asumir esos cobros en sus facturas.
El segundo objetivo del fondo será adoptar medidas de financiamiento para la reducción de pérdidas en zonas prioritarias de la región Caribe; los recursos recaudados serán destinados a tres estrategias claves: la primera consiste en el mejoramiento y aseguramiento de las redes eléctricas de media y baja tensión, que permitan disminuir el componente de pérdidas en zonas prioritarias.
La segunda está enfocada en la normalización del servicio de energía eléctrica, y la tercera propuesta se centra en la masificación de sistemas de medición recargables, que permitan garantizar el control del mínimo vital de energía eléctrica, contribuyendo a la cobertura del servicio público y a la reducción del componente de pérdidas, así como a una disminución real en los cargos facturados a los usuarios.
En la carta se lee que este fondo “será financiado por los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), provenientes de las contribuciones pagadas por los propietarios de los activos del Sistema de Transmisión Nacional (STN), los agentes generadores de energía, y por recursos del Presupuesto General de la Nación cuando aquellos resulten insuficientes para financiar el subsidio cubierto por el Fondo”.
Panorama actual en el Caribe
En el 2022 el costo del kilovatio hora en el Caribe estaba entre $924 y $946, mientras que en Bogotá el valor era de $638 y en Medellín de $729. En la actualidad los usuarios de la región deben pagar tarifas plenas de $890 (Afinia) y $863 (Air-e), debido a que en las facturas se incluyen las pérdidas técnicas y no técnicas de energía y las inversiones de Electricaribe.
“Nuestra matriz energética, la manera como está dispuesta, hace que el kilovatio hora sea costoso, pero si le adicionamos las pérdidas técnicas y no técnicas hacen que sea excesivo e inequitativo el cobro en el Caribe”, dijo Pumarejo.
Por lo anterior, los alcaldes del Caribe manifiestan su preocupación por la competitividad de la región, la creación de industrias y la economía familiar, en especial la de las personas en condiciones vulnerables.
