La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que es necesario que las promesas de justicia y protección para la población desplazada no sean palabras en el papel, sino que sean realidades palpables y sostenibles.

Así lo aseveró la Jefe del Ministerio Público durante la conferencia ‘Justicia Constitucional en  Contextos de Conflicto’, organizada por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para conmemorar las dos décadas de vigencia de la Sentencia T 025 sobre desplazamiento forzado.

Señaló que se requiere un trabajo coordinado de todas las entidades del Estado para eliminar las causas que producen esos desplazamientos y confinamientos, y “lograr de esa manera la satisfacción de las necesidades básicas de esa poblaciones afectadas para poderles entregar paz, y lo más importante, esperanza en el futuro venidero”.

Indicó que en el logro de ese objetivo común, que no es otro que el de lograr superar el Estado de Cosas Inconstitucional de la población desplazada en nuestro país, la Corte Constitucional tiene las decisiones y el Ministerio Público puede hacer que se ejecuten rápidamente, pues “para eso fue creada la autonomía y la independencia de la Procuraduría General de la Nación”, puntualizó.