La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, definir acciones que permitan el pago de los más de mil millones de pesos que adeuda el municipio de Providencia por concepto del servicio público de energía.

En carta enviada al mandatario territorial, el Ministerio Público lo exhortó a precisar el alcance del compromiso adquirido frente al pago del pasivo acumulado por los habitantes de la isla, estimado en alrededor de $800.000 por usuario en los últimos seis meses.

El ente de control, por medio de la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y el Diálogo Social, visitó el archipiélago y evidenció la inconformidad de la comunidad raizal por los altos costos del servicio y la falta de claridad sobre el pago de la factura. Además, advirtió presuntas irregularidades en el cobro del servicio público de energía a refugiados temporales que perdieron sus viviendas por el paso del Huracán Iota.

La Procuraduría envió copia de las facturas del servicio de energía de los habitantes de Providencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y le pidió que, en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios públicos, realice las actuaciones correspondientes y, de ser posible, visite el archipiélago para verificar la difícil situación que se presenta.

La Procuraduría continuará ejerciendo la vigilancia de los temas relacionados con la reconstrucción de San Andrés y Providencia y de las acciones adelantadas por las autoridades territoriales y nacionales frente a la garantía de los derechos de los ciudadanos.