La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exsuperintendente delegado de Puertos y Transportes, Daniel Ortega Dávila, y al exsecretario general de esa entidad, Nelson Miguel Jaime Olaya, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de asistencia profesional y técnica con la Universidad del Tolima, suscrito por $ 2.982 millones.

Al parecer, los exfuncionarios no habrían realizado los estudios previos adecuados, pues el contrato fue firmado a pesar de que no existía una relación directa entre el objeto social de la universidad y las actividades que debía ejecutar, que consistían en apoyar el trámite de 22 mil casos por infracciones de tránsito en primera instancia y 1.500 en segunda instancia.

El Ministerio Público señaló que “la Universidad del Tolima no demostró dentro de su amplia capacidad de gestión y organización funcional, contar con las herramientas necesarias que llevaran a garantizar el objeto contractual dispuesto en el bilateral que suscribió con la Superintendencia de Puertos y Transportes”.

El órgano de control precisó que esa situación llevó a la terminación por mutuo acuerdo del contrato interadministrativo, lo que evidenció que la institución universitaria aparentemente no tenía las condiciones necesarias para atender el cumplimiento efectivo de lo requerido por la superintendencia.

Para el Ministerio Público, con su presunta actuación los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y deber de la selección objetiva de la contratación estatal.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.