En la Estación de Policía y URI Permanente Central de Ibagué persiste el hacinamiento.
En oficio enviado a la Gobernación del Tolima y a la alcaldía de Ibagué, la Procuraduría General de la Nación solicitó la adopción de medidas para preservar los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud, y la vida e integridad de las personas privadas de la libertad (ppl) en la Estación de Policía Permanente Central y Unidad de Reacción inmediata de Ibagué.
La petición también se hizo a las empresas Ibagué Limpia y Gestora Urbana, Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), Policía Metropolitana de Ibagué, y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
El ente de control manifestó en el escrito que en visita a los citados centros transitorios evidenció que persiste el hacinamiento que supera el 400 %, así como las inconformidades frente a las condiciones para el suministro de alimentos y la disposición de residuos sólidos y basuras.
En ese sentido, pidió retirar los escombros de las obras ejecutadas; mejorar la dotación para la sala de audiencias y visitas virtuales, el área de atención en salud y la sala para visitas conyugales; así como priorizar la respuesta a las emergencias médicas y la prestación del servicio de ambulancias, entre otras.
En la misiva la entidad requirió enfáticamente cumplir las ordenes impartidas en el fallo de tutela del 4 de marzo de 2022 y en el auto del 15 de septiembre de 2023 en el cual se declaró el desacato a los accionados, por cuanto el incumplimiento de tales requerimientos contraria los deberes de protección especial a las ppl, dada su condición de sujeción e indefensión frente al Estado y los múltiples factores de vulneración a los que están expuestos.
