La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador (e) del Archipiélago de San Andrés, Alan Leonardo Jay Stephens, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker, un informe detallado sobre los más de 6.000 contratos de prestación de servicios firmados entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que incluya valores, contratistas, objetos, tiempos de ejecución, fuentes de financiación y las razones de su suscripción.
Como resultado de una vigilancia preventiva, el Ministerio Público identificó que en el departamento entre 2019 y 2020 fueron suscritos 7.366 contratos, de los cuales el 94,12% correspondieron a la alcaldía y la gobernación. Lo que despertó una alerta considerando que solo en la isla de Providencia habitan 6.000 personas.
Por último, la PGN también requirió información sobre las acciones adelantadas frente a las cargas de trabajo y la ampliación de la planta de personal de las dos entidades administrativas.