La Procuraduría General de la Nación abrió Indagación previa contra funcionarios por establecer de la Secretaría de Educación de Santa Marta, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de carga laboral de 10 profesores que, a pesar de haber sido nombrados en propiedad desde 2022 para ejercer sus cargos en escuelas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta, no les han asignado trabajo y sus cargos los ocupan actualmente contratistas por prestación de servicios.
En la denuncia, hecha por estos ciudadanos y publicada por varios medios de comunicación, se asegura que dichos contratistas serían familiares y amigos de los funcionarios de esa Secretaría y que no cumplen con los requisitos académicos para el ejercicio docente.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público a la Secretaría de Educación están: la lista de docentes nombrados para las instituciones rurales de la Sierra Nevada y copia de sus respectivos nombramientos, así como que se informen las razones por las cuales no se les ha asignado, los reportes de pago salarial y de prestaciones sociales.
También el listado con los nombres y cargos del Secretario de Educación para 2022 y demás funcionarios responsables de dichos contratos.