Al parecer Andrés Alberto Ávila autorizó el pago de conceptos asociados a la nómina por más de $ 3.000 millones en la vigencia 2022, los cuales no estaban presupuestados.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco), Andrés Alberto Ávila Ávila, por la presunta autorización de millonarios pagos por más de $3.000 millones, lo que generó una desfinanciación en los gastos de funcionamiento de la entidad.

La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122millones.

La Procuraduría señaló que las partidas no se encontraban presupuestas, no fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, por lo que la Sociedad de Activos Especiales, solicitó la modificación del presupuesto (adición- recursos) para ese año fiscal.

Para el ente de control el presidente de la Sociedad de Activos Especiales habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.

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