Procuraduría cuestionó prevención y atención de incendios forestales en el país

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El Ministerio Público ha expedido tres Directivas, una Circular y un Oficio, advirtiendo a los competentes a que adoptaran las acciones de preparación, atención y mitigación frente a dichos efectos.

 

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención sobre presuntos problemas de articulación interinstitucional en la atención oportuna y eficaz de los incendios forestales que se reportan en algunas regiones del país, situación advertida por el órgano de control.

 

Frente a esto, el órgano de control reiteró a los jefes de las carteras ministeriales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Minas y Energía, la adopción de medidas para la adecuada prevención y atención de emergencias por el Fenómeno del Niño 2024, dando estricto cumplimiento a la Circular 16 de 2023, que identifica las acciones imprescindibles para dar respuesta a la temporada de incendios forestales que se presenta.

 

El insistente llamado, también fue referido al Director Nacional de Bomberos de Colombia, al Director General (E) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Autoridades Ambientales Urbanas – CAR-; para que tomen las medidas necesarias, que incluyan el manejo y administración del recurso hídrico, se fortalezcan las capacidades logísticas y humanas de los municipios más vulnerables.

 

Así mismo, pidió a la Directora del IDEAM, garantizar y facilitar el acceso a la información de los Boletines de Seguimiento Fenómeno El Niño y los Boletines diarios de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal en su página web.
Finalmente, el ente de control expresó que el cambio climático y sus efectos se gestionan con acciones y no con declaraciones y enunciados, vigilando del cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores destinatarios de las recomendaciones, precisando que no coacciona ni coadministra, sino que, en desarrollo de sus funciones legales y constitucionales, realiza vigilancia preventiva como mecanismo de anticipación a hechos que puedan vulnerar los derechos humanos o amenazar el ejercicio de la función pública.