Procuraduría confirma en segunda instancia sanción a exgobernadores del Magdalena

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Por irregularidades en el proyecto de la vía de la prosperidad, que comprometió recursos por más de 466.000 millones de pesos de la nación y del Sistema General de Regalías, Procuraduría General de la Nación  confirma la sanción a ex gobernadores del Magdalena Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes.

La medida indica confirma la Luis Miguel Cotes Habeych con la suspensión del cargo por 12  meses en su condición de gobernador del Departamento del Magdalena para el período 2012 y 2015; igualmente a Rosa Cotes de Zúñiga también suspensión del cargo por el mismo tiempo, en su condición de gobernadora del Departamento del Magdalena para el período 2016 y 2019.

Los exgobernadores según el misterio público habrían incurridos en posible irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 617 del 2013, proyecto Vía de la Prosperidad, para el mejoramiento de la carretera Palermo – Sitionuevo – Remolino Guáimaro, en la que al parecer habría inconsistencia en diferentes etapas de la contratación y ejecución de la obras.

Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas por la Procuraduría General de La Nación  como gravísimas –a título de culpa grave– por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan del administrador y/o gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la contratación y el manejo de confiados por la nación y el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) Regional Caribe.

Se evidenció que entre los incumplimientos está el pasar de la planeación inicial de la obra de 52.6 kilómetros a sólo 18.3 kilómetros como consecuencia de la falencias de planeación, Los tramos excluidos del contrato, producto de la denominada “regularización”, de acuerdo con el ente de control presentan deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias, estipuló el informe.

La sanción de los disciplinados se convertirá en multa superior a los $100 millones, ya  que no están ejerciendo actualmente los cargos públicos.