Modificaciones en pliegos, incumplimientos en cronogramas y falta de planes alternos fueron alertados por el Ministerio Público. El ente de control teme que se ponga en riesgo la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad.
A menos de 10 días de que venza el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país, la Procuraduría lanzó duras advertencias a la USPEC sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio.
Durante una reunión adelantada con el director de la Unidad para Servicios Carcelarios y Penitenciarios -USPEC- Ludwing Joel Valero Sáenz, el Ministerio Público alertó a la entidad sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento al principio de publicidad y los desajustes en los cronogramas establecidos.
En ese sentido, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del caso, indagó sobre el plan de acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo 30 de noviembre.
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