La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instaló este jueves en Barranquilla el conversatorio “La educación como garantía de los Derechos Humanos”, desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos en la universidad del Atlántico, y que contó con la presencia especial de la Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú.

Acortar las brechas existentes y mejorar la calidad de la educación para todos fue uno de los mensajes iniciales de la jefe del Ministerio Público, quien destacó que “la Procuraduría está vigilante frente a la situación de todo el estudiantado colombiano, y actuamos para que las autoridades cumplan su deber de garantizar el real acceso a su derecho a la educación, y por el regreso pleno a sus instituciones educativas en condiciones dignas y seguras”.

La doctora Cabello Blanco indicó que “como lo ha venido señalando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las desigualdades en el derecho a la educación comienzan desde temprana edad. Muchos niños en hogares pobres nunca van a las escuelas, no empiezan a tiempo sus estudios o asisten a instituciones de menor calidad”.

También resaltó que “con la llegada de la pandemia, los responsables de políticas educativas y la sociedad en su conjunto vieron profundamente limitada su capacidad de actuar”, recordando que el pasado mes de septiembre el DANE dio a conocer los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que evalúa las condiciones de la niñez y la juventud. El indicador de inasistencia escolar para el año 2020 demostró “un incremento de 13,7 puntos porcentuales (a nivel nacional), pasando de 2,7% en 2019 a 16,4% en 2020”.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación reconoció la importancia de promover el retorno presencial a clases progresivo y seguro, acompañado del mejoramiento de la conectividad y por su puesto en condiciones alimentarias dignas.

La Procuradora explicó que “con fundamento en nuestra misión de vigilancia preventiva de la función de los servidores públicos, orientamos nuestros esfuerzos con este enfoque anticipativo en torno a dos líneas fundamentales definidas:

1.    Requerir e insistir ante las autoridades y servidores públicos para que implementen acciones que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes.

2.    Acompañamiento preventivo en las regiones. La verificación en sitio nos permite identificar de primera mano las debilidades y falencias de nuestro sistema educativo de acuerdo con las particularidades propias de las regiones”.

Vigilancia especial para PAE 2021 y 2022

La jefe del Ministerio Público resaltó que en lo que respecta al Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Entidad cuenta con un Comité Especial y los respectivos Comités Regionales.

“Vigilamos la entrega de las raciones alimentarias en todo el territorio nacional, que nos permite identificar las presuntas irregularidades relacionadas con la calidad, la cobertura y la prestación oportuna del programa”, dijo.
Como resultado de esta gestión y ante las suspensiones de entrega de las raciones alimentarias, la doctora Cabello Blanco destacó que “se presentaron acciones de tutela contra las administraciones departamentales del Cesar, Magdalena, Quindío y Nariño, a fin de velar por los derechos fundamentales a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los estudiantes beneficiarios del PAE que se vieron afectados”.

En lo disciplinario, la Procuradora indicó que “hoy tenemos más de 180 investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de los gobernadores y alcaldes en los compromisos con el PAE”.

De manera complementaria, la Procuraduría ha insistido en la importancia de financiar suficientemente el PAE para garantizar la alimentación durante todo el calendario escolar. Por este motivo solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizar la cofinanciación del PAE para la vigencia 2022.

Igualmente, anunció que “se requirió a las Entidades Territoriales Certificadas para que adelanten de manera de oportuna y diligente las acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar en la vigencia 2022, desde el inicio del calendario escolar y sin interrupciones”.

En el cierre de su intervención, la doctora Cabello Blanco recalcó que “la Procuraduría General de la Nación velará porque el acceso al derecho a la educación vuelva a ser una realidad para los cerca de 2 millones de niños y niñas que este año no pudieron retornar a la presencialidad”.