El procurador General, Fernando Carrillo, expresó su preocupación por la situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, durante la Mesa por la Protección de la Vida, instalada en la mañana de este lunes, 21 de diciembre, en el departamento del Cauca.
Según el saliente jefe del ministerio público, “Cerramos un año muy difícil. Uno de los más violentos contra los más vulnerables, porque los que nunca se confinaron en estos 10 meses fueron los protagonistas del crimen organizado y de este desangre contra el liderazgo social del país”. Vale recordar que, según Indepaz y Somos Defensores, a lo largo de este año se han registrado 293 asesinatos en contra de estas personas
Carrillo continuó su intervención asegurando que la protección de la vida de los líderes debe ser una de las más grandes prioridades de la Procuraduría y recordó que “jamás vamos a poder hablar de verdaderas garantías de DD.HH., si no vamos a ser capaces de respetar la vida de los líderes, las lideresas y de los grandes defensores de la Constitución de 1991”.
Es precisamente por esa razón, y en busca de soluciones, que la institución se alió con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para generar las trece mesas de protección de la vida que se han celebrado hasta ahora, desde un enfoque diferencia, étnico y de género.
“El gran logro sin duda ha sido visibilizar toda esta crisis humanitaria que golpea el liderazgo social en medio del confinamiento de comunidades, desplazamiento forzado, reclutamiento, amenazas y estigmatización permanente a los líderes sociales”, agregó.
Bajo esa óptica, el jefe de la Procuraduría apuntó que es necesario abandonar los viejos esquemas de protección pensados desde una lógica centralizada, urbana, reactiva, sin enfoque diferencial. Esto, con el objetivo de que los mismos puedan adaptarse a las necesidades territoriales, fuera de las grandes ciudades, que es donde más peligro corren los defensores de derechos humanos
Para ello, admitió Carrillo, sería necesario establecer una política pública de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que “aún no hay, y eso es muy triste reconocerlo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por promover los pactos colectivos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Según el director del Ministerio Público, la dificultad alrededor de todo esto radica en la implementación de los acuerdos, que a su vez se deriva de la falta de articulación entre las entidades gubernamentales y la ausencia de acompañamiento técnico.
