En reunión con los parlamentarios actuales y electos de la región Caribe, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, dijo que esta es la ruta que el país necesita para derrotar la pobreza que hoy afecta a 22 millones de colombianos.

En el encuentro estuvieron presentes congresistas de todas las vertientes políticas y los gobernadores de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, y de Bolívar, Vicente Blel. Por el Atlántico asistió el gobernador (e), Raúl Lacouture.

«Esto demuestra que la descentralización es clave para atenuar los sesgos partidistas que han primado en la historia reciente y volver a unir a la nación», dijo el presidente de la Federación y también gobernador de Sucre.

Durante la reunión, se abordó el tema de la alteración de orden público que viven algunos departamentos, ante lo cual Espinosa, presidente de la Federación, llamó a la unión de todos los partidos, sin distingo de colores o ideologías, a cerrar filas contra los bandidos que siembran el miedo, causan destrucción y destruyen el tejido social.

El presidente de la FND y mandatario de los sucreños recordó que en el Primer Consejo de Seguridad Regional, al que concurrieron los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, se acordó crear un bloque de búsqueda exclusivamente para los tres departamentos.

Dídier Tavera, director ejecutivo de la Federación, explicó, a su turno, que las propuestas hacen parte de un documento que les fue entregado a los parlamentarios y a los candidatos presidenciales, después de 90 días de trabajo, en 11 mesas sectoriales, con la participación de más de 340 personas.

Gobernadores proponen 6 grandes reformas para derrotar la pobreza e impulsar el desarrollo del país

Los gobernadores propusieron al nuevo Congreso de la República y al próximo presidente de Colombia seis grandes reformas para profundizar la autonomía de las regiones y garantizar, de esta manera, una lucha más eficaz en favor de la equidad, la justicia social y el desarrollo del país.

1.  Reforma a las finanzas territoriales

Los gobernadores criticaron la concentración de los recursos en el centro del país y denunciaron, de hecho, que en esta materia se está retrocediendo. «La participación de los municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la Nación bajó del 40 %, en el 2002, al 25%, en 2021», precisaron.

Por ello, propusieron crear un nuevo sistema general de participación que cambie las reglas fiscales para la distribución a partir de, por ejemplo, una nueva categorización de los municipios, que consulte sus condiciones socioeconómicas, y la cesión de un porcentaje del impuesto al valor agregado a los departamentos.

La reforma plantea crear el impuesto a las bebidas azucaradas, los cigarrillos electrónicos y el cannabis medicinal, así como modificar los gravámenes al consumo, degüello de ganado y vehículo. Todo ello, con un enfoque regional que permita atender frentes, como la crisis hospitalaria.

«Ya 24 países, de los 33 de América Latina y del Caribe, implementaron el impuesto a las bebidas azucaradas. La pregunta es: Y Colombia, ¿para cuándo?», señaló Espinosa.

Los mandatarios también pidieron la extensión de la figura de “Obras por impuestos”, que hoy funciona para algunos pocos municipios, a todas las entidades territoriales del país, y la reforma estructural del Fonpet. Del mismo modo, la creación de un fondo vial al que puedan acceder exclusivamente los departamentos con el fin de financiar los proyectos regionales.

2.  Reforma al sistema de salud

El sistema de salud está más enfocado hoy a la enfermedad que a la salud. Cada asegurador tiene sus propias reglas de juego. De las 30 EPS del régimen subsidiado, 9 han sido liquidadas y 15 son patrimonialmente inviables. La inversión privada se concentra en las 80 principales ciudades, dejando a un lado más de 1000 municipios. La carga de enfermedad, discapacidad y muerte sigue teniendo una prevalencia elevada.

En ese contexto, los gobernadores propusieron reformar la Ley 100 de 1993 (ley de seguridad social) y unificar los regímenes subsidiado y contributivo, a fin de evitar las inequidades que hay entre uno y otro.

La reforma se complementaría con un aumento en las transferencias para el sector, desde el Sistema General de Participación, y la garantía de recursos a los hospitales para la promoción, prevención y atención en salud de los colombianos.

3. Reforma política y a la de descentralización

Tras los debates que surgieron en las mesas de trabajo, los gobernadores propusieron eliminar la ley de garantías electorales (Ley 996), porque ata el manejo administrativo y frena la dinámica de ejecución de las regiones; asimismo, establecer el voto obligatorio como opción frente a delitos electorales, como la compra y venta del voto, y unificar los períodos de los cargos de elección popular (gobernadores, alcaldes, congresistas y presidente de la República), pues lo que tenemos hoy altera la planeación pública en tanto a los gobiernos locales, que están a más de un año de terminar su período y tienen que regirse por un nuevo plan de desarrollo nacional en ese lapso.

4. Reforma educativa

Colombia está 75 puntos por debajo del OCDE en lectura, 98 en matemáticas y 76 en ciencias.

Por su parte, las tasas de cobertura en primaria (89 %), secundaria (79 %) y media (47 %) representan una brecha de 10, 18 y 46 puntos frente al promedio de la misma OCDE.

El 50 % de los jóvenes, de otro lado, no pueden ingresar a la universidad porque no tienen posibilidades financieras y/o competencias para acceder a las becas oficiales o privadas. La educación inicial, a su turno, es privilegio de familias de ingresos altos.

Los gobernadores, en consecuencia, plantearon modificar la Ley 715 para definir competencias específicas de instituciones frente a la educación inicial, sin exclusión de ningún colombiano, al igual que una política regional de educación, con enfoque diferencial, que mejore la calidad y pertinencia en sectores marginados, como las zonas rurales y de bajos ingresos.

Los mandatarios demandaron que se incluya en la agenda legislativa la modificación de la Ley 30 de 1992, que reglamentó la educación superior, para que sean ahora los territorios los que generen y garanticen acceso a quienes aspiran a seguir una carrera profesional.

Un punto central en la propuesta es la creación de la Superintendencia de Inspección y Vigilancia del sector educativo, para garantizar la calidad que ahora está ausente.

5. Reforma a la seguridad y a la justicia

La percepción de inseguridad sigue subiendo. La preocupación del 82,9 % de la población tiene que ver con el aumento de la delincuencia común en sus territorios, vale decir, robos y agresiones, que principalmente tendrían ocurrencia en la vía y el transporte público. Las zonas de frontera viven su propia y dramática realidad. El Código de Policía, en respuesta, tiene un enfoque centralista y urbano. Por su parte, el pie de fuerza de Policía y Ejército se concentra en algunas zonas del país.

Los gobernadores propusieron reorganizar estratégicamente las Fuerzas Militares y de Policía, de acuerdo con las necesidades territoriales, y avanzar en una profunda reforma a la justicia que actualice la estructura institucional, delitos, penas y procedimientos.

Así mismo, establecer protocolos regionales de implementación del Código de Policía y del Código de Convivencia, de manera que recoja las características y enfoques de los territorios que hoy no consulta.

Los gobernadores llamaron particularmente la atención de la crisis de seguridad que se vive en las zonas de fronteras, que cobijan 13 departamentos, y reformar la ley anticontrabando (Ley 1762) para permitirles luchar eficientemente contra el tráfico ilegal de cigarrillos y licores.

6. Reforma a la política pública de empleo

La informalidad laboral representa el 62,7 % de la población ocupada. La pandemia originada por el covid-19 afectó especialmente a mujeres jóvenes (entre 14 y 28 años) y a personas con menores niveles educativos. En junio de 2021 el país registraba la cuarta tasa de desempleo más alta de la OCDE (14,7 %).

Frente a ese panorama, los gobernadores pidieron, tanto al Congreso como al próximo Gobierno, adoptar las recomendaciones de la Misión de Empleo para disminuir la informalidad, vale decir, mayor inclusión de las mujeres en el aparato productivo, reformar el sistema pensional.

En el mismo contexto, llamaron la atención sobre los 10 millones de empresas informales que hay en el país frente al millón y medio de empresas registradas, antes de pedir mecanismos de formalización que incluyan asistencia técnica y crédito, pues el común denominador de estas unidades productivas es que no tienen acceso a préstamos financieros.

Todo esto -dijeron- tiene que ir de la mano de un aumento en la inversión en ciencia y tecnología, al menos en un 2 % del producto interno bruto, entre 60 y 65 000 subsidios anuales para vivienda VIP y VIS en los próximos cuatro años, y un fondo de cofinanciación de proyectos para la transición energética territorial; el acceso a energías fotovoltaicas y renovables en zonas aisladas y no interconectadas, y un programa de masificación de energías alternativas en infraestructura pública (escuelas, hospitales, centros administrativos gubernamentales, etc.).