Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del alcalde de Candelaria, Valle, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, contra tres funcionarios de la administración municipal y contra dos contratistas por presuntas inconsistencias en contratos de construcción de canchas de fútbol y mantenimiento de vías terciarias.

Según las autoridades, las investigaciones evidencian de que los procesados habrían actuado en detrimento de las finanzas públicas y menoscabaron la administración, la fe y la seguridad pública.

De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde, algunos de sus funcionarios y contratistas, al parecer no culminaron el contrato de la construcción de tres canchas de fútbol, cuyo valor ascendió a $229 millones.

Al no tenerse los estudios, acreditarse la falta de planeación y no cumplir con los requerimientos técnicos, el contrato fue prorrogado cuando el plazo ya estaba vencido, y presuntamente los recursos dispuestos para ejecutar el mismo fueron invertidos en otras actividades.

Finalmente, las canchas no se construyeron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción mediante documento el pasado 12 de junio.

El mandatario Ramírez Mosquera enfrenta cargos por los delitos de Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura, Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación, son investigados por interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado, así mismo que el contratista Jimmy Paz Castillo.

El funcionario de la Oficina de Etnias Abraham Reyes Andrade enfrenta cargos por el delito de concierto para delinquir agravado.

Y el contratista José Ulises Asprilla Cárdenas enfrenta cargos por interés indebido en celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.