Por incumplir la obligación de reportar oportunamente la información relacionada con aspectos financieros y con eventos
de salud pública, la Superintendencia Nacional de Salud impuso multas que suman
2.030 millones de pesos contra las Secretarías de Salud de los departamentos de
Magdalena y Atlántico.

La multa más cuantiosa, por un valor de más de 1.160 millones de pesos, se impuso
a la Secretaría Seccional de Salud de Magdalena, debido a que entre 2019 y 2020
incumplió en al menos cuatro ocasiones las instrucciones y requerimientos hechos
por la Supersalud de remitir los soportes relacionados con la realización y
seguimiento de las mesas de saneamiento con las instituciones prestadores de
servicios de salud de ese departamento.

En este caso, la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
tuvo en cuenta la importancia del componente de flujo de recursos, fundamentalmente durante la época en que el país atravesaba por la emergencia en salud pública, con ocasión de la pandemia de Covid-19, al ser las jornadas de conciliación un paliativo para las IPS.

“Es preciso advertir que la falta causó un impacto no sólo en el adecuado proceso
de transmisión de la información para establecer las rentas que preferentemente
serán destinadas al sistema de salud, sino que también se generó un riesgo para la
Superintendencia Nacional de Salud diera cuenta del proceso de producción y
control de la información del flujo de recursos del sector salud, relacionada con las
mesas de saneamiento de cartera de la entidad territorial, con lo cual se interrumpió
naturalmente el proceso de inspección y vigilancia cuyo objetivo es advertir las
posibles inconsistencias en los datos generados por este tipo de vigilados del sector
salud”, señala la resolución sancionatoria del pasado 15 de febrero.

Adicionalmente, la Supersalud evidenció dentro del proceso investigativo que la
Secretaría Seccional de Salud de Magdalena era reincidente en estos hechos por lo cual se produjo el agravamiento de la sanción, que fue de 1000 salarios mínimos legales vigentes.

En la segunda sanción, la Superintendencia sancionó con una multa de 750 salarios
mínimos (cerca de 870 millones de pesos) a la Secretaría de Salud Departamental de Atlántico, a cargo actualmente de Alma Johana Solano, tras evidenciar
incumplimientos en el reporte de información al que esa entidad estaba obligada a
presentar en el segundo semestre de 2018.

Para cumplir con lo dispuesto en la circular 002 de 2018, las entidades territoriales
están obligadas a reportar las acciones de inspección, vigilancia y control respecto
a la atención de usuarios afectados por problemas y trastornos asociados al
consumo de sustancias psicoactivas, y las acciones de inspección y vigilancia sobre
las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) en su jurisdicción.

La Superintendencia consideró que la entidad territorial fue negligente frente a
obligaciones que su rol le impone en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud e incumplió las instrucciones y órdenes impartidas pues, solo hasta el 5 de
marzo de 2020 dio cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron durante
2019 para que reportara la información conforme a la circular 002.

“Se evidencia el grado de culpa en las actuaciones del departamento de Atlántico –
Secretaría de Salud- para la época de los hechos materia de investigación, puesto
que no obran pruebas que determinen el deber objetivo de cuidado adoptado y, por
el contrario, denota una grave desatención y descuido en el cumplimiento de las
obligaciones exigidas como entidad vigilada”, señala la resolución sancionatoria
20237300000005686 de 2023.

Para la Supersalud, al no reportar la información con oportunidad, se interrumpió el
proceso de inspección y vigilancia de la Superintendencia, cuyo objetivo es advertir
las posibles inconsistencias en los datos generados por este tipo de vigilados.

La Secretaría de Salud Departamental de Atlántico cuenta con antecedentes
administrativos sancionatorios en los últimos 8 años por incumplimiento en reporte
de información, los cuales suman 281.3 millones de pesos en multas.
Contra las resoluciones sancionatorias proceden los recursos de reposición y de
apelación.