Tras una actuación especial de control fiscal, la Contraloría General de la República, determinó un presunto daño fiscal por $5.364 millones, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis, en el Tolima.
La pesquisa, determinará si el actual director de la Policía, Mayor General Óscar Atehortúa, es responsable fiscal del caso, al haber dirigido el Fondo Rotatorio de la Policía.
Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad, además, se registraron debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado “Ciudadela Policial CENOP”, que ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para finalizarla.
Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La obra está abandonada hace aproximadamente 4 años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión.
