La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Universidad Militar por las presuntas irregularidades en la adquisición de un edificio que tendría daños y afectaciones avaluados en $14 mil 500 millones.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal indicó que el inmueble, que sería destinado a albergar la sede de posgrados de la institución, tendría fallas en su estructura, parqueaderos que no sería posible utilizar y una licencia de construcción expedida para actividades comerciales y servicios, no para fines educativos.
Por estos hechos, el órgano de control validará si hubo falta de planeación para la compra del predio, toda vez que no hubo un peritaje del mismo, previa materialización de su compra, así como los eventuales sobre costos que se tendrían que pagar por parte de la Universidad para determinar la vulnerabilidad sísmica y las lesiones patológicas del edificio; costos de reparación y adecuación los que se generen al no poder darle uso.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.