La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el entonces secretario general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Juan Felipe Acosta Parra, y contra la subdirectora general Katherine Lorena Mesa Mayorga por presuntas irregularidades en la contratación.
El Ministerio Público investiga posibles sobrecostos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de un contrato de formación para emprendedores.
“Contrato celebrado para desarrollar actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”, indicó el Ministerio Público.
Cabe resaltar que la investigación también cobija a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, quien suscribió el cuestionado negocio jurídico.
“Se busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros”, indicó la Procuraduría.
La Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial.
