Procuraduría destituyó e inhabilitó por 8 años a secretaria General de Soledad, Atlántico, por manejos irregulares de los recursos durante la pandemia COVID-19. A su vez, el ente disciplinario sancionó al secretario de Gestión Social por anomalías contractuales en la atención de la población vulnerable.
La Procuraduría General de la Nación, sancionó con destitución e inhabilidad general por 8 años a la secretaria General de Soledad, Atlántico, Amalfi María Gaviria Ramos y al secretario de Gestión Social del municipio, Deiber Conrado Niebles, por irregularidades en el proceso de contratación para el suministro de 60.000 kits nutricionales en favor de la población vulnerable del citado municipio, durante la emergencia económica y social por la pandemia de Covid -19.
Debido a esto, el Ministerio Público confirmó que el señor Deiber Conrado Niebles, en calidad de secretario de Gestión Social en la elaboración de los estudios previos que antecedió la celebración del contrato SG-CD-26-03-2020-001, no incluyó en debida forma la codificación y niveles requerido en el Código Estándar de Productos y Servicios, según lo establecido por Colombia Compra Eficiente.
El organismo de control ratificó que la organización contratada para llevar a cabo el negocio jurídico no contaba con la capacidad jurídica y de experiencia para el satisfactorio desarrollo del objeto contractual; sin embargo, fue certificada como idónea por parte de la secretaria General, quien en forma subsiguiente procedió a suscribir el contrato SG-CD-26-03-2020-001 con la fundación El Lirio de los Valles por $ 2.100 millones.
Los manejos irregulares de los recursos durante la pandemia COVID-19, con contratos por más de 2 mil millones de pesos, llevaron a que la @PGN_COL destituyera e inhabilitara a la secretaria General de Soledad (Atlántico). #EsNoticia Detalles 👉 https://t.co/SmxkVY0omZ pic.twitter.com/uOxDj547W8
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 18, 2023
En fallo de primera instancia, la Procuraduría delegada de Juzgamiento 2 calificó la falta de los servidores públicos como gravísima, a título de culpa gravísima, por vulnerar los principios de transparencia y legalidad.
Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
