A pocos días de que entre a operar el nuevo modelo de salud para los docentes públicos del país, la Procuraduría alertó sobre las graves inconsistencias operativas y en contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno Nacional.
Para el Ministerio Público, empezando, la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG-es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo.
Esta red de servicios, que tendrá 32 coordinaciones regionales, forma parte del nuevo sistema que busca, además, acabar con intermediarios y estar bajo la gerencia de Fiduprevisora, lo que ha generado gran controversia entre maestros agremiados en FECODE.
Para el ente de control también persisten serias dudas en la estructuración del nuevo sistema, ya que no hay precisión en torno a la cantidad de personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios prestados.
En cuanto al presupuesto, la Procuraduría cuestiona el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por cada año.
Asimismo, en la revisión de documentos se constató que no hay firma de contratos ni capacitación de personal que operará el nuevo sistema, como tampoco hay claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos.
