El organismo de control disciplinario mostró su preocupación por la situación por la que atraviesan las comunidades del Río San Juan y pidió al Gobierno nacional intervención para garantizar su seguridad.
Debido a la delicada situación de orden público que se registra en Chocó, en el que los municipios ubicados en las riberas del río San Juan estarían sometidos a un paro armado por parte del frente de guerra occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el domingo 11 de febrero su preocupación por este hecho, que pone en riesgo a la población civil.
“La situación humanitaria en el departamento sigue siendo precaria, la presencia del paramilitarismo arrecia contra la población humilde de este territorio, en complacencia con la fuerza pública que opera en este sector de la región”, se leyó en el comunicado del mencionado frente, Ómar Gómez, emitido el jueves 8 de febrero, y que afecta a Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita.
Al respecto, el ministerio público pidió al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del acuerdo de cese del fuego con este grupo armado que se tomen medidas inmediatas para la protección de más de 27.000 personas en este departamento.
La solicitud surgió tras el anuncio del ELN sobre un paro armado indefinido en la región, lo que pone en riesgo directo a los habitantes del área de influencia.
