Ante la circulación de panfletos en varias poblaciones de los departamentos de Arauca y Casanare, en los que grupos armados ilegales imponen ‘normas’ y ‘manuales de convivencia’ a la población civil, la Defensoría del Pueblo rechaza de manera contundente su contenido e insta a los entes competentes a establecer si son o no verídicos.
De igual forma, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, es necesaria la intervención institucional en los territorios que son blanco de la circulación de ese tipo de volantes: “Porque lo que debe primar es la seguridad, la protección y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los habitantes de las regiones que podrían estar en riesgo por el accionar manipulador, impositivo, intimidante y violento de los actores armados al margen de la ley”.
Así mismo, llama a las organizaciones armadas ilegales comprometidas con los procesos de paz vigentes con el Gobierno Nacional a respetar a las comunidades, a no involucrarlas en el conflicto armado, así como a mantener vigentes los principios del derecho internacional humanitario (DIH), cuyo eje central es el respeto por la vida.
“Ninguna estructura armada organizada puede estar por encima del Estado social y democrático de derecho e imponer sus ‘normas de convivencia social’ y amenazar a los moradores. Panfletos de grupos armados ilegales no pueden arrodillar a las comunidades ni al Estado”, enfatiza el Defensor del Pueblo.
La Defensoría también llama a las comunidades de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que represente riesgo para su vida e integridad, libre movilidad o cualquier derecho fundamental.
Los equipos en territorio de las Defensorías Regionales de Casanare y Arauca, luego de poner en conocimiento la situación de vulnerabilidad en la que están los pobladores por cuenta de los panfletos, han convocado y llevado a cabo reuniones con autoridades nacionales y locales, con la finalidad de que pongan en funcionamiento medidas que garanticen la protección efectiva de las personas.
La defensa de los derechos de todos los colombianos y de quienes habitan en cualquier territorio de la geografía nacional seguirá siendo prioridad para la Defensoría del Pueblo.
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