ONU Derechos Humanos cierra tres oficinas en Colombia y prescinde de empleados

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cerrará tres despachos regionales en el país y prescindirá de 46 empleados por “recortes financieros”, confirmó este lunes ese organismo.

 

Las oficinas que cerrarán tienen cobertura en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, en el noroeste de Colombia, y en Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá, en el sur del país, detalló la representación de ONU Derechos Humanos en un comunicado.

Igualmente tendrá que “prescindir de casi la mitad de su personal: 46 profesionales defensores de los derechos humanos, de las más altas calidades y quienes han hecho un trabajo en Colombia invaluable”.

“Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos comienza un proceso para hacer lo más eficiente posible su mandato en Colombia, y cubrir desde Bogotá los territorios en los cuales no podrá mantener una presencia permanente”, agregó la información.

Con estos cambios, este organismo mantendrá cinco oficinas, una de ellas en Bogotá y las otras cuatro en las regiones, que abarcarán los departamentos de “Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico”.

La Oficina también lamentó este recorte porque afectará a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a las autoridades del Estado de varias regiones del país que recibían apoyo de este equipo.

Esta decisión ocurre en un contexto en el que el funcionamiento de la red de organizaciones humanitarias de Naciones Unidas y la asistencia que éstas habían planeado brindar este año a cerca de 200 millones de personas están en grave riesgo tras la decisión de Estados Unidos de recortar los fondos que les destinaba para cumplir esta misión.

Estados Unidos se convirtió a lo largo de varias décadas en el donante más importante de prácticamente todos los organismos de la ONU, muy por delante de cualquier otro país e incluso de la Comisión Europea, y hasta el retorno este año del presidente Donald Trump aportaba el 25 % de toda la financiación, con algunos casos en los que llegaba a cubrir hasta el 50 % del total.