La ONU condenó este jueves el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Venezuela. En un comunicado, la portavoz de la oficina para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó que la organización está “profundamente preocupada” por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores.

Mencionó específicamente el allanamiento contra la ONG Azul Positivo, que enfoca su trabajo en la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual, y las recientes acciones contra tres medios de comunicación: VPITV, Panorama y TalCual.

Con respecto al primer hecho, recordó que tuvo lugar el 12 de enero en el estado Zulia, cuando oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional entraron a la sede de la organización no gubernamental.

“Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”, detalla el documento. Y agrega: “Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”.

El caso anterior referido en la declaración es el de Convite, que brinda asistencia a adultos mayores y cuya sede también fue allanada a mediados de diciembre. En ese entonces, funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. Justificando su accionar con una acusación de “financiamiento del terrorismo”, procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.

Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció además que en medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite, y realizar un inventario de los equipos que se llevaban. “Es urgente que las instancias internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan trabajo humanitario en Venezuela”, señaló Convite.

Al respecto, la oficina de la ONU dijo que “los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

“Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”, agregó.

Con respecto al ataque contra los medios de comunicación, detalló los eventos del 8 de enero cuando “supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal”.

“Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”, indica.

El blanco principal de la embestida, VPITV, anunció el 10 de enero que deberá dejar de operar “momentáneamente” en el país caribeño por la confiscación de sus equipos de transmisión. “Esta medida viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural”, expresó el medio en un comunicado al anunciar la medida.