En los últimos nueve meses la Superintendencia Nacional de Salud impuso una cifra récord de 213 multas por 75.618 millones de pesos sobre los actores del sistema de salud, principalmente contra las administradoras de recursos (EPS) que evidenciaron vulneraciones a la garantía del derecho a la salud de los usuarios, así como infracciones a la normatividad vigente en materia de flujo de recursos y reportes de información.
Un balance de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas de la Supersalud, da cuenta que desde agosto de 2022 a la fecha se han impuesto 82 sanciones a entidades autorizadas para brindar aseguramiento en salud en los regímenes contributivo y subsidiado, 71 a personas naturales, 19 a prestadores de servicios de salud y 41 a entes territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del sistema.

Al analizar el monto de las sanciones en el actual periodo de la Superintendencia, se aprecia un aumento significativo, de 317%, frente a las cuantías registradas en el periodo comprendido entre agosto de 2021 a abril 2022, cuando las multas reflejaron una cifra significativamente menor pues sumaron sólo 18.124 millones de pesos.
El mayor incremento en las multas impuestas se dio sobre las EPS, pues en el periodo actual los montos por sanciones a estos vigilados fueron de 43.731 millones de pesos, mientras en el periodo comparado mientras estuvo la anterior Superintendencia del anterior Gobierno, totalizaron 7.145 millones de pesos, lo cual evidencia un aumento de 512%.
Top de multas más severas
En los últimos ocho meses sobresalen las ejemplarizantes multas impuestas sobre: la EPS SURA, por $5.800 millones, y las Secretarías de Salud de los departamentos recayó en la exrepresentante legal de la EPS Coomeva, Ángela María Cruz Libreros, por $986 millones, el pasado 30 de marzo de 2023.
Estas sanciones demuestran el énfasis que la actual Superintendencia ha hecho en ejercer con rigor la función de control administrativo sobre los agentes vigilados de toda la cadena de salud, tal como lo prometió desde el 22 de agosto de 2022 el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, al señalar que la entidad a su cargo no iba a seguir siendo complaciente con los infractores del sistema, sino que actuaría en defensa del derecho a la salud de quienes habitan este país y la protección de los recursos asignados para garantizar ese derecho, convirtiéndose en aliada de los ciudadanos, especialmente con las poblaciones más vulnerables y aplicando y exigiendo el cumplimiento de la normatividad a los actores vigilados por este ente de control.
“La gestión que hemos hecho desde el componente de investigación revela un mayor ejercicio de control a los vigilados del sistema de salud, que se concretan en el objetivo misional de la entidad, como es la protección del derecho a la salud en conexidad con la vida de los ciudadanos y los recursos públicos”, dijo en el mismo sentido el Superintendente Delegado de Investigaciones Administrativas, César Hernando Meza Mercado.
Los principales motivos que han justificado las causales de multas a los vigilados son:
– Por incumplimientos en reportes de información 51%
– Por fallas por prestación de servicios 26%
– Por fallas relacionadas por flujo de recursos 23%.
