El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia rechaza y condena vehementemente la violencia ejercida en contra de comunidades, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y comunitarios, así como excombatientes de las antiguas FARC-EP, situación que se ha agravado en las últimas semanas.

Por lo mismo, reitera el llamado del Secretario General, António Guterres, al cese inmediato de hostilidades que permita avanzar en los esfuerzos de recuperación en el país en medio de la pandemia por la Covid-19, e insta a que se refuercen las medidas para salvaguardar de manera efectiva la vida y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia.

Naciones Unidas ve con especial preocupación la problemática que atraviesa el departamento del Cauca, donde se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública, en hechos ocurridos durante los meses de marzo y abril del año en curso. El asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna, en Caldono, y el posterior ataque armado en contra de la comunidad indígena a la cual pertenecía -donde resultaron heridas decenas de personas-, son algunos de los hechos ocurridos recientemente en este departamento.

De igual forma, preocupa el aumento de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP en diferentes regiones del país. Durante la última semana fueron asesinadas siete personas en proceso de reincorporación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare y Meta.

Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado.

Ante esta preocupante situación, es de la mayor importancia asegurar la presencia integral de la institucionalidad en los territorios, incluyendo de las personerías que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.

La ONU reitera su solidaridad con todas las víctimas y continuará acompañando a las comunidades, a las autoridades étnicas y a los entes del Estado para hacer frente a estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz.