La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, sostuvo un encuentro con la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y algunos funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla para encontrar alternativas de solución al sobrecupo de privados de la libertad que tiene el departamento y su impacto negativo en tiempos de pandemia.

A su turno, la jefe de la cartera de Justicia socializó los Decretos 804 y 858 de 2020, mediante los cuales se flexibilizan los trámites y procesos para que las autoridades locales puedan realizar las adecuaciones necesarias en los Centros de Detención Transitoria CDT para sindicados (estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata – URI), y garantizar en estos espacios una adecuada prestación servicios de salud.

Como parte de la articulación entre el Gobierno Nacional, departamental y municipal, se coordinaron acciones para localizar predios que eventualmente podrían ser adecuados como CDT en la región.

El Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla, Clemente Fajardo, dijo que con base en las disposiciones normativas planteadas por el Gobierno Nacional, se evalúa la posibilidad de ampliar la Unidad de Reacción Inmediata zonal para aumentar su capacidad y poder recibir mayor cantidad de sindicados.

La jefe de la cartera de Justicia también manifestó que se está trabajando para que los Jueces de Control de Garantías impongan medidas de aseguramiento intramural a los sindicados, solo en casos excepcionales; de tal forma, que no se genere congestión de las estaciones de policía y/o las Unidades de Reacción Inmediata, y de esta manera se pueda cumplir con lo dispuesto en la emergencia carcelaria decretada, que impide el ingreso de nuevos privados de la libertad a los establecimientos penitenciarios del país.

En relación con el ERON ‘El Bosque’, el cual cuenta con un hacinamiento del 128 por ciento, el Director (e) de la Uspec anunció que el próximo 29 de junio se iniciará la construcción de 510 cupos modulares que se serán entregados a partir de enero de 2021, y con los cuales se mejorarán las condiciones de las personas privadas de la libertad en dicho establecimiento.