Tras las denuncias públicas que se han realizado en contra de un docente de la institución educativa Marymount de la ciudad de Bogotá, por presuntas conductas, en perjuicio de varias estudiantes, al igual que de la institución educativa Colsubsidio y en general, con relación a conductas de este tipo en el sistema educativo, el Ministerio informó que desde el 2008 el acional ha venido impulsado la implementación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Este Programa arrojó las Guías 1, 2 y 3 que orientan la implementación de este programa en las Instituciones Educativas, y el desarrollo de la Guía 49 de Convivencia Escolar que trata ampliamente los temas de educación en sexualidad y prevención de Violencias Basadas en género.

Así mismo en el marco de lo establecido en la Ley 1620 de 2013, Ley de Convivencia Escolar para la convivencia, la ciudadanía y los derechos sociales y reproductivos, en todos los programas y proyectos de las instituciones, y se inició la estrategia para la redefinición de los manuales de convivencia y la creación de los comités territoriales de convivencia como el mecanismo para hacer un abordaje pedagógico e incorporar estos temas a sus programas, estrategias y proyectos, y establecer los mecanismos de alertas tempranas, denuncias y actuaciones de tipo administrativas, disciplinarias, penales y el restablecimiento de derechos.

El Ministerio destacó que al iniciar el actual Gobierno, en 2018, y con base en lo establecido en la Ley 1620 y la experiencia que se había desarrollado en la Secretaría de Educación de Bogotá, se diseñó e implementó el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) cuyo propósito es la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, las niñas y los adolescentes de los establecimientos educativos.

En el SIUCE se incluyó el Módulo de Convivencia Escolar que permite reportar y hacer seguimiento a las violencias sexuales y con ello una adecuada activación de rutas para la atención intersectorial a las víctimas, en articulación con el sector salud, ICBF y Fiscalía o entidad correspondiente en el territorio. Igualmente, dentro del SIUCE se incluyó un módulo para el reporte y temas como embarazo adolescente, violencias basadas en género, acoso, racismo, suicidio, ciberacoso, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.

Con referencia al sistema de alertas, desde 2019 el Ministerio inició el trabajo con las Secretarías de Educación para su implementación y el abordaje en las instituciones educativas de distintos protocolos de prevención de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el protocolo de prevención de Violencias Basadas en Género que presenta orientaciones para la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este protocolo fue diseñado y publicado con toda la comunidad educativa del país y las secretarías de Educación el 4 de junio de 2021 y se encuentra disponible en el Portal Colombia Aprende. Adicionalmente se ha diseñado un conjunto de materiales sobre convivencia escolar que contienen orientaciones para los estudiantes, familias y Establecimientos Educativos, dentro de los cuales se presentan los contenidos referentes a la detección y prevención de las violencias basadas en género.

Cuando ocurren la violencia y el acoso en el ámbito escolar se deben activar inmediatamente las rutas de atención intersectorial para garantizar la atención integral y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. El protocolo de abordaje pedagógico de las violencias basadas en género define la ruta de atención para delitos de suma gravedad indicando que estas situaciones deben ser puestas en conocimiento de las autoridades de protección y justicia, y ante estos casos, la institución educativa debe reportar en el sistema de alertas y notificar inmediatamente a la Secretaría de Educación y en el marco del protocolo hacer las denuncias según la competencia a la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y demás instancias competentes y, en paralelo, iniciar los procesos disciplinarios.

Los comités de convivencia de las entidades territoriales son claves para activar la ruta de atención integral, y son la instancia donde se encuentra el sector educativo con los distintos órganos del Gobierno cuya finalidad está orientada a garantizar los derechos de los niños y jóvenes. Así las cosas, dentro de la estructura de la planta de las secretarías de Educación se encuentra la oficina de Control Interno Disciplinario, la cual dentro de sus funciones maneja las quejas por presunto abuso sexual por parte de los educadores. El Ministerio de Educación Nacional hace un seguimiento a las oficinas de Control Interno Disciplinario de cada una de las 96 entidades territoriales certificadas y a las áreas de Inspección y Vigilancia para los eventuales casos de docentes del sector oficial y no oficial (colegios de naturaleza privada), con el objetivo de que sea remitida la información general y anonimizada del total de quejas por presunto abuso sexual de los docentes.

Con base en información reportada por 81 Entidades Territoriales Certificadas sobre casos de presunto abuso asociadas a entornos escolares para el periodo enero de 2018 hasta febrero de 2022 se tienen 876 casos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. Por ello, y teniendo en cuenta el convenio firmado con la Fiscalía para dar celeridad en la investigación de los casos, el señor Fiscal General de la Nación, tomó la decisión de crear un comité que permita la priorización de estos casos y la coordinación con las seccionales y el grupo especializado creado para abordar estas problemáticas. Para los casos referidos particularmente, ya la Fiscalía los asumió y está adelantando las visitas y el debido proceso, y como lo ha expresado el señor Fiscal informarán los avances a la ciudadanía.

Con este contexto y en cuanto al caso denunciado en el Marymount y en el colegio Colsubsidio, la Ministra en cartas enviadas a la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla; al personero de Bogotá, Julián Pinilla, y al Fiscal General, Francisco Barbosa, hace explícita la importancia de trabajar de forma coordinada y oportuna para investigar con celeridad la ocurrencia de los hechos denunciados y en general de todos los casos reportados sobre este tipo de conductas que vulneran los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el país.

Es muy importante resaltar que los manuales de convivencia y los protocolos de prevención de situaciones de riesgo, no son sólo un requisito que se debe cumplir, sino que tiene que ser un proceso construido con toda la comunidad educativa acompañado de la implementación de los proyectos pedagógicos transversales de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía (PESCC). Lo anterior permite afianzar la toma de decisiones sobre proyecto de vida, cuidado y autocuidado, prevención de las violencias basadas en género y violencias sexuales. Igualmente se sitúa en la perspectiva de derechos y brinda todas las herramientas a los estudiantes para que puedan respetar y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que estos pueden resultar vulnerados tanto por las propias acciones como por las acciones de otros. Se ha definido que educar en sexualidad y prevenir la violencia pasa por el empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sepan enfrentar los riesgos a los que están expuestos y definir los proyectos de vida. Por ello es tan importante el proceso que adelanten las 96 secretarías de Educación Certificadas para que fortalezcan su capacidad de acompañamiento a las instituciones educativas y cualifiquen todos los procesos en el marco del sistema nacional de convivencia.

Por todo lo anterior, como lo anunció el presidente, se van a redoblar esfuerzos entre los Ministerios de Educación y de Defensa; el ICBF, la Fiscalía y las secretarías de Educación en los siguientes 60 días para garantizar que los protocolos y el sistema de información sean adoptados por todas las instituciones educativas y que las instancias de coordinación territorial permitan de forma oportuna adelantar los procesos. En directiva que se emitirá esta semana a las secretarías se darán claridades para que las secretarías puedan abordar rápidamente con todas sus instituciones temas tan claves como los manuales de convivencia, el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar para lograr oportunidad en los procesos de denuncia, e igualmente hacer énfasis en los procesos de formación con maestros, coordinadores y directivos, y asimismo, se apoyen la resignificación y fortalecimiento de los manuales de convivencia y el actuar periódico de los comités de convivencia de las entidades territoriales.

Igualmente, se enfatizará el abordaje pedagógico en el ámbito escolar que oriente a todos los miembros de la comunidad educativa, sobre cómo identificar estas violencias, cómo provenirlas y como generar proyectos transversales alrededor de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

El trabajo interinstitucional y coordinado con los entes de control y los distintos organismos del estado redundará en el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las medidas que correspondan en el marco de las normas vigentes. Como mencionó el señor Presidente, sabemos que este es un tema prioritario que requiere fortalecer y potenciar las herramientas con las que cuenta el sistema educativo para que con un plan de acción concreto se pueda avanzar de forma decidida en la garantía de los derechos de las niñas, niños, y jóvenes.