Como parte de la visita de verificación, el Ente de Control presidió una mesa denominada como de “Seguimiento a la respuesta institucional frente a los derechos y garantías de la población migrante”.
La Procuraduría General de la Nación informó que cerca de 160 familias de migrantes venezolanos y colombianos retornados ingresaron al país por el departamento de Guainía desde el pasado mes de septiembre, provenientes de Venezuela.
Según su testimonio, los abusos y vulneraciones a sus derechos cometidos presuntamente por las autoridades de ese país en la mina conocida como Yapacana, que se encuentra ubicada en el estado fronterizo de Amazonas de ese país, obligó a estas personas, que desarrollaban actividades de extracción aurífera, huir junto con sus familias con destino al territorio colombiano.
En las visitas de verificación de derechos humanos realizada en los asentamientos donde se encuentra gran parte de estas personas, el equipo de la Procuraduría registró deficiencias en el acceso al agua potable, servicios de salud, alimentación para la primera infancia y atención a a mujeres gestantes, entre otras carencias.
La Comisión pudo conocer también que algunos de los 14 resguardos indígenas presentes en Inírida, se han convertido en territorios receptores de las dinámicas migratorias, realidad que agudiza las necesidades frente a la atención por parte de las autoridades para las personas con necesidad de protección internacional y comunidades étnicas presentes en esta zona del país.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó a las entidades nacionales y locales intervenir de manera urgente con sus capacidades institucionales los asentamientos informales allí presentes, priorizando la atención en menores, adultos mayores y mujeres gestantes migrantes, incorporando en sus actuaciones el enfoque étnico.
