Medida de aseguramiento contra el señalado cabecilla financiero de los hermanos Castaño Gil por la denominada masacre de La Granja

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró abundante evidencia y prueba testimonial para resolver la situación jurídica de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas; y disponer su detención preventiva en centro carcelario por la posible participación en la denominada masacre de La Granja, ocurrida en zona rural de Ituango, el 11 de junio de 1996.

Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (UCCU), habría sido el encargado de pagar la nómina y abastecer de armas, recursos, material de intendencia y otros elementos a las organizaciones paramilitares que ejecutaron varios homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1996 y 1998.

En ese sentido, se estableció que, desde la señalada oficina de alias Lucas, ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, se planeó y remitieron dineros para que una estructura armada irrumpiera al corregimiento La Granja y buscara con lista en mano a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales de la región.

Durante el recorrido, el grupo perteneciente al entonces Bloque Mineros asesinó a cuatro personas que estaban en las viviendas o lugares de trabajo, entre ellas una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor.

Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro seguirá vinculado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir agravado.

La medida de aseguramiento será comunicada a las autoridades competentes y a las directivas de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde alias Lucas permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra.

Estas actuaciones judiciales de la Fiscalía avanzan de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).